Los jueces que han sentenciado a Laura Borràs han dado la sorpresa. Han condenado a cuatro años y medio a la presidenta del Parlament suspendida de sus funciones por prevaricación administrativa y falsedad documental en la adjudicación de contratos a un amigo cuando dirigía el Institut de les Lletres Catalanes. Pero ha considerado que su ingreso en prisión sería un castigo excesivo, por lo que pide que sea indultada de parte de la pena de cárcel. Lo habitual es que sean los gobiernos los que aprueben indultos y que los jueces redacten informes contrarios al perdón porque difícilmente estarán a favor de suprimir la condena que ellos mismos han argumentado y dictado. Ahora bien, hay excepciones. Por ejemplo, si consideran que la ley es excesivamente dura para un caso concreto. Es lo que ha ocurrido con Borràs y las consecuencias políticas de esa decisión son especialmente curiosas en dos ámbitos, en la política catalana y en la española.
Laura Borràs comparece tras la sentencia del TSJC Parlament de Catalunya
Veamos los efectos en Catalunya. La defensa de Borràs y su partido, Junts per Catalunya, han insistido durante toda la causa en que éste es un caso de represión del Estado contra una líder independentista, un ejemplo de “lawfare”, es decir, de guerra jurídica por motivos ideológicos. Con ese argumento, Junts ha mantenido a Borràs en la presidencia del partido, a pesar de su procesamiento, y ha evitado que se la apartara como diputada. De hecho, en el último congreso de esa formación, en julio del año pasado, se abrió la puerta a suspender de militancia a un dirigente en caso de juicio oral siempre que no se tratara de un caso de “lawfare”. En cambio, ERC ha dejado claro que no cree que la situación de Borràs sea ésa. Por ello, los republicanos dieron el paso de despojar a Borràs de la presidencia efectiva del Parlament al facilitar que fuera suspendida, pero no se ha atrevido (tampoco el PSC) a elegir a una nueva persona al frente de la institución con plenitud de funciones. A la espera de conocer la sentencia.
Pues bien, el fallo es de culpabilidad. Y la sentencia dictada puede considerarse muy dura. Un indulto no eliminaría la condena, sino sólo sus efectos o parte de éstos. La declaración judicial a favor de un perdón parcial pone en entredicho el argumento del “lawfare”. Con la ley en la mano, los jueces supuestamente represores del independentismo podían favorecer su ingreso en prisión de una de sus líderes más carismáticas, aprovechando que el Código Penal español es bastante implacable con los delitos que tienen que ver con formas de corrupción, derivado de la respuesta política que se ha dado al clamor social contra estas prácticas en los últimos años. Podían, por tanto, utilizar esa herramienta de manera contundente, contribuyendo a apartarla más de la actividad política. Sin embargo, abren la puerta del indulto. Es curioso que Junts mantenga que Borràs es víctima del mismo “lawfare” que pide que se le perdone el ingreso en prisión. Antes de la sentencia, en Junts había diferentes opiniones sobre qué hacer en caso de condena. En algún momento, líderes como Carles Puigdemont no veían posible mantenerla en la presidencia del partido en esas circunstancias, pero Jordi Turull, el actual número dos de la formación, que forma tándem con la propia Borràs, preferiría no abrir guerras internas a pocos meses de las elecciones municipales. Habrá que saber qué posición se impone una vez digerida la decisión judicial.
En cuanto a la presidencia del Parlament, parece que a todos, a Junts, a ERC e incluso al PSC, les resulta más sencillo esperar a que algún partido de la derecha (Vox, PP o Cs) acuda a la Junta Electoral Central para que ésta despoje a Borràs de su escaño, como ya pasó con el ex president Quim Torra. Eso les permite a todos desplegar sus respectivos discursos sin actuar ni tomar decisiones incómodas. Así pues, es muy probable que Borràs tenga que abandonar en breve la Cámara catalana. La crisis institucional seguirá de todas formas hasta que haya una nueva presidencia plena. ERC ha asegurado que intentará pactar con Junts que el relevo siga siendo una persona de este segundo partido, pero se tendrán que negociar los nombres concretos y veremos si la propia Borràs desea influir en esa decisión, lo que puede complicar el acuerdo con los republicanos.
La resolución del indulto podría caer en la mesa de Sánchez en pleno periodo electoral
El segundo ámbito político que se ve afectado es el de la política española. En algún momento, el presidente del Gobierno central se enfrentará a la decisión de indultar a Borràs. La sentencia conocida hoy es recurrible ante el Tribunal Supremo. Los indultos no se conceden hasta que hay sentencia firme. Si el Supremo tarda unos meses en decidir, este asunto podría caer en la mesa de Pedro Sánchez en pleno período electoral. Es cierto que contaría con el aval judicial para aprobar este indulto, pero no deja de ser un delito relacionado con el mal uso de fondos públicos y el PSOE ya vivió internamente de forma convulsa el revuelo organizado por el PP, Cs y Vox cuando se acometió rebajar las penas por malversación, cuando el Gobierno fue acusado poco menos que de dejar en libertad a los corruptos. Sánchez no estaba dispuesto a indultar al socialista José Antonio Griñán y ahora tendría que hacerlo con Borràs.
De manera voluntaria o no, los jueces ponen así en una situación incómoda al Gobierno central. Una vez más en medio de un clima de enfrentamiento y desconfianza entre la alta judicatura y el ejecutivo de Sánchez después de la supresión de la sedición, que fue acogida con enorme malestar en el Supremo y de la interpretación que este tribunal ha hecho de los cambios en la malversación inspirados por la Moncloa para evitar que más independentistas ingresen en prisión.