PSOE y Podemos negociarán una paz presupuestaria sobre los desahucios

El escenario político

Ábalos se abre a ampliar la protección para que los morados retiren su enmienda

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Pablo Iglesias y Pedro Sánchez presentaron junto a Salvador Illa el plan de vacunación para la Covid-19

Moncloa / EP

La reunión de coordinación de maitines entre el presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias, este lunes, ha servido para reconducir la escalada de tensión entre las dos formaciones que constituyen la coalición de gobierno, después de una semana de estocadas mutuas, una escenificación de las diferencias con aroma a lucha de partidos, o bien a disputa por el rumbo de la legislatura: Podemos quiere la ruta corta por las aguas bravías de la izquierda, y al PSOE le seduce la singladura larga, por los mares calmos de la centralidad.

Sánchez e Iglesias acordaron ayer, según fuentes de ambas formaciones, darse de plazo esta semana para tratar de alcanzar un acuerdo que extienda la protección contra los desahucios y los cortes de suministros básicos a familias en situación de vulnerabilidad, más allá de si se han visto afectadas de forma directa por el coronavirus, una protección cuya duración alcance el periodo del estado de alarma, es decir, hasta mayo. Este pacto significaría la retirada de la enmienda que sobre el particular presentó Unidas Podemos la semana pasada.

Fuera de los presupuestos

Los socialistas, dispuestos a extender la protección a través de un decreto ley

La disputa comenzó cuando el grupo parlamentario de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común anunciaba que suscribía, junto a Esquerra Republicana y Euskal Herria Bildu, una enmienda a los presupuestos que precisamente aludía a estos mecanismos de escudo social. La paradoja de que Unidas Podemos sea parte del Ejecutivo que somete a la Cámara el proyecto de presupuestos –un proyecto fruto de un trabajado acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos, que disputaron hasta la última línea del documento–, añadida al hecho de que esta enmienda no fuera negociada previamente con Adriana Lastra, al frente del grupo parlamentario socialista –aunque los morados insisten en que avisaron al PSOE antes de hacerse la foto–, fue leído como una deslealtad entre socios, contraria al modus operandi pactado. Y desató una oleada de protestas de los ministros socialistas, al galope, cual si hubieran oído la corneta de latón que advierte a los jinetes que la cacería ha dado comienzo.

Como ocurre en las riñas matrimoniales, se empieza por discutir quién friega la pila y se acaban sacando a relucir los pecados de la familia política, así que la semana se cerró con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, lanzándose artillería a cuenta de un tuit de Pablo Iglesias, siete días antes, en el que reproducía dos líneas del acuerdo adoptado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en enero de 1995 para la celebración de un referéndum de autodeterminación en al Sáhara Occidental. Un asunto de altísima volatilidad para la política exterior y migratoria española.

Si bien ese tuit fue toda la iniciativa de Unidas Podemos respecto a la delicada situación de la excolonia española, y aunque nadie pareció darse por enterado en las primeras 96 horas, al acabar la semana se había convertido en una grave deslealtad en políticas de Estado que llevaba a la ministra Robles a recriminar a Unidas Podemos falta de experiencia, de lealtad y de responsabilidad como partido de gobierno.

Advertencia

ERC presiona a UP para que no se eche atrás: “Lo pactamos y debe respetarse”

De la iniciativa de reconducir la situación con una negociación sobre desahucios daba cuenta ayer el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, al término de la reunión de la ejecutiva socialista. Ábalos confirmaba que, en tanto ministro responsable de las competencias de vivienda, esperaba llegar a una solución a lo largo de esta semana para extender la protección antidesahuicios más allá del 31 de enero –fecha que se fijó en septiembre pasado, antes de que se decidiera la declaración de un nuevo estado de alarma hasta el 9 de mayo–: “Lo conveniente sería extenderlo”, señalaba el ministro quien, por primera vez, se mostraba dispuesto a negociar además la extensión de esta protección a otras personas en situación de vulnerabilidad que no fuera consecuencia directa de la pandemia. Ábalos lleva semanas negociando este extremo con la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, departamento que depende de la vicepresidencia que dirige Pablo Iglesias. No obstante, el ministro socialista no entrega la cuchara, y ayer, tras subrayar la sensibilidad socialista hacia los problemas de vivienda, insistía en que cualquier solución que se adopte debe tomarse sin poner en peligro la seguridad jurídica.

Si hay acuerdo y este se plasma en un real decreto ley, Unidas Podemos retiraría la enmienda presupuestaria presentada en este sentido junto a ERC y EH-Bildu –que pedía la extensión de este escudo social hasta enero de 2022–, una posibilidad ante la que ayer reaccionaba levantando el dedo el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián: “Lo pactamos y debe respetarse”, decía el diputado republicano en redes sociales, en un mensaje en el que también había una sutil reprimenda para el PSOE: “No puedes autocalificarte de progresista y que algo tan obvio se tenga que luchar tanto”. El grupo republicano presiona a Unidas Podemos para que no se retire, porque el escudo del documento pactado cubre ocho meses más.

Entre tanto, el tercer firmante de la enmienda, EH Bildu, podría anunciar el sentido definitivo de su voto a los presupuestos. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, anunciaba ayer que el próximo jueves se celebrará una asamblea nacional extraordinaria –y telemática– en la que la mesa nacional de la coalición abertzale someterá a sus bases su intención de votar favorablemente los presupuestos de PSOE y Unidas Podemos. Serán las bases las que “ratifiquen o rectifiquen” la decisión que, en todo caso, no estaba cerrada, como ya señaló Otegi cuando la anunció hace diez días. El dirigente abertzale insistía ayer en que el cometido de Bildu en el Congreso de los Diputados es cerrar el paso a “la derecha reaccionaria y fascista”, impedir a “la derechona” su aspiración de alcanzar el gobierno” y lograr conquistas de “derechos para la gente”. En tal sentido, recordó que estos principios son los mismos que en su momento llevaron a la coalición abertzale a integrarse en el bloque que permitió, en primer término, que prosperase la moción de censura contra Mariano Rajoy, y después, que Pedro Sánchez lograra la investidura el pasado enero.

Otegi aprovechó para desmentir que hubiese acuerdos con el Gobierno para el acercamiento de presos de ETA, una medida que, subrayó, responde a la “aplicación de la legalidad penitenciaria”.

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