El Consejo de Ministros remitió ayer al Congreso de los Diputados el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para el 2021, unas cuentas “excepcionales”, que han logrado consensuar entre los socios de Gobierno y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya lleva días negociando con los partidos políticos más propensos a apoyarlas. Montero aseguró que llega a las Cortes con apoyos suficientes a unas políticas claramente expansivas para tratar de salir cuanto antes de la crisis ocasionada por el coronavirus. Así, el gasto público alcanza niveles sin precedentes al dispararse en términos consolidados un 20%, empujado en parte por los primeros 27.000 millones de los fondos europeos de recuperación, mientras que el Gobierno prevé unos ingresos tributarios también récord, con subidas en el IRPF, sociedades, la imposición del diésel, la tasa a las bebidas azucaradas y otras nuevas figuras de fiscalidad verde.
27.000 millones de la UE
El gasto público se dispara un 20%, empujado en parte por los fondos europeos
En total, Hacienda quiere recaudar el próximo año 222.000 millones de euros, superando el máximo obtenido en el 2019 al alcanzar 213.800 millones de euros. Y todo ello, después de que el Ejecutivo estime que este año el avance de la pandemia deje la recaudación tributaria en 197.500 millones de euros. De esta forma, confían en que los ingresos fiscales aumentarán un 13% gracias al rebote del PIB, tras el desplome de este año, y las nuevas medidas fiscales.
Renta
Sube el IRPF para ingresos a partir de 300.000 euros y a las rentas del capital
Aumenta el IRPF para las rentas que superan los 300.000 euros anuales (dos puntos más) y el ahorro de más de 200.000 euros (tres puntos adicionales) para ser más progresivo. Montero recalcó que afectará “apenas” a 36.000 contribuyentes, el 0,17% del total. Con ello, esperan conseguir 144 millones en el 2021. El mismo argumento utilizó para el incremento en el impuesto de sociedades para grupos empresariales que facturan más de 40 millones de euros, al limitar al 95% la exención sobre dividendos y plusvalías de las filiales. Según Hacienda, aumentará la tributación de 1.700 grandes compañías.
No afecta a transportistas
Aumenta la imposición al diésel para avanzar en la transición ecológica
El Gobierno también resucitó la polémica subida de la imposición al diésel, dentro de su estrategia de avanzar en la transición ecológica. Con la medida, que no afecta a los profesionales del transporte, se reduce la bonificación, de forma que un consumidor medio deberá pagar 3,50 euros más al mes.
Jubilación
Baja la cantidad máxima desgravable en los planes de pensiones individuales
Ante el elevado aumento del gasto –de los casi 380.000 millones del año pasado a los 456.000 millones fijados en el proyecto de ley–, el Gobierno se había comprometido hace solo unos días a engrosar las arcas de Hacienda con 6.800 millones de euros adicionales. En el texto final, el esfuerzo se ha quedado en poco más de 6.000 millones y con algunas partidas por aclarar: desde 225 millones de euros en “otras medidas” fiscales hasta 860 millones más atribuidos a un nuevo impuesto sobre residuos que, según la propia ministra de Hacienda, “a lo largo de este año” tendrán que discutir con las comunidades autónomas.
Según la ministra Montero
La reforma fiscal “en profundidad” se hará una vez superada la crisis de la Covid-19
Como ocurre con el plan de lucha contra el fraude o la tasa sobre los plásticos, junto a aquellos nuevos impuestos ya aprobados a servicios digitales (tasa Google) y transacciones financieras (tasa Tobin), la imposición a los residuos queda fuera del texto de los presupuestos.
Sí aparece en el proyecto de ley, que presentará hoy la ministra de Hacienda en el Congreso, la subida del tipo del IVA del 10% al 21% para las bebidas azucaradas y edulcoradas –Montero recordó que no afecta a los refrescos de bares y restaurantes–, así como un aumento del impuesto sobre las primas de seguros cuyo tipo, destacaron en Hacienda, no ha variado desde finales de los noventa. PSOE y Podemos acordaron también reflejar en el proyecto de ley un incremento simbólico del impuesto de patrimonio –de un punto– para las fortunas superiores a los diez millones. Como la gestión de este tributo está en manos de las comunidades autónomas, el Gobierno no prevé una mejora efectiva en la recaudación. El texto legal también recoge la eliminación de la transitoriedad de la figura impositiva.
Las nuevas cuentas incluyen además otro cambio en el impuesto sobre la renta, vinculado con la reforma que prepara el departamento de José Luis Escrivá sobre las pensiones. Establece una reducción de la cantidad máxima desgravable en los planes de pensiones individuales, que pasa de 8.000 euros a 2.000. El impacto en las arcas del fisco llegará en el 2022, cuando los contribuyentes realicen su declaración sobre este ejercicio. En paralelo, aumenta de 8.000 a 10.000 euros el límite para los poco conocidos planes colectivos de empresa, que el ministro de Seguridad Social quiere promover.
La máxima responsable de Hacienda insistió en que los cambios “puntuales” tributarios introducidos en las cuentas del próximo año buscan mejorar la progresividad, aumentando la presión sobre las rentas más altas y las empresas de mayor tamaño. Y que la reforma fiscal “en profundidad, para ir acercándonos a la media europea” se aplicará una vez se haya superado la crisis sanitaria generada por la Covid-19 y recuperado la estabilidad económica. Antes, se deberá conformar una comisión de expertos, que dispondrá de un año para cerrar sus recomendaciones.
Ahora, sin embargo, la prioridad más inmediata es amarrar los apoyos parlamentarios y enterrar las longevas cuentas de Cristóbal Montoro con el objetivo de subsanar las profundas heridas que está dejando la crisis sanitaria y económica.