La inversión ejecutada en Catalunya se situó por debajo de la de Madrid en los últimos cinco años contabilizada de todas las maneras posibles. Fue inferior en valor absoluto, en relación con el total, en relación con el PIB de cada comunidad y con la población del territorio. Y eso que Catalunya tiene un mayor número de habitantes y su PIB (todo lo que se produce en un año) en tres de los cinco ejercicios fue superior al de Madrid.
Esas cifras de ejecución real en las que Madrid supera a Catalunya contrastan con las que fijan los presupuestos del Estado, donde siempre se prevé lo contrario. De hecho entre el 2005 y el 2019, Catalunya sobre el papel iba a disfrutar de una mayor inversión que Madrid. La realidad muestra que ha sido al contrario.
Los datos corresponden a la estadística sobre inversiones que se pueden regionalizar por comunidades autónomas. El año pasado, el Estado en Catalunya ejecutó inversiones por valor de 812 millones euros, lo que representa el 10,8% de todos los recursos que se pueden regionalizar. Esa cantidad equivale a 106 euros por habitante y al 0,4% del PIB de la comunidad. Como se aprecia en el gráfico adjunto, en el caso de Madrid el año pasado la inversión liquidada por el Estado fue de 1.106 millones, lo que equivale al 14,7% del total. Esos recursos equivalen a 166 euros por habitante o al 0,5% de su PIB. Los datos se extraen del IGAE (Intervención General de la Administración del Estado).
El director del servicio de estudios de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Ramon Rovira, explica que Madrid recibe mayor inversión por el peso de los ministerios y de la Administración del Estado en la capital. Rovira añade que las cifras demuestran la importancia de la descentralización, puesto que si la Administración estatal estuviera más repartida por las comunidades, los territorios recibirían más recursos. Es un ejemplo de las consecuencias positivas que tiene el efecto sede o efecto capitalidad para Madrid, que consigue atraer mayor volumen de recursos públicos destinados a inversión ya sean para infraestructuras u otras cuestiones como compra de material informático, por ejemplo.
El impacto de la Covid-19 en la ejecución presupuestaria puede recortarla entre un 20% y un 25%
Si se toma el periodo de cinco años analizado (2014-2019), Catalunya recibió inversiones reales por valor de 3.850 millones mientras Madrid obtuvo 5.365 millones, lo que representa 1.500 millones más.
El análisis de la ejecución presupuestaria por comunidades del ejercicio 2019 no permite analizar el grado de cumplimiento del presupuesto puesto que las cuentas del año pasado estaban prorrogadas, por lo que no existe una memoria en la que se detallara previamente el destino de esos recursos.
Lo que sí se puede analizar es que los citados 812 millones de inversiones del Estado en Catalunya son un nivel bajo similar al del 2013. Por lo tanto, Catalunya no se ha beneficiado de la mejora de la situación económica de los últimos años antes de que estallara la pandemia.
En cuanto al porcentaje de inversión, el 10,8% del total regionalizable pese a ser cuatro décimas superior al del 2018 se queda muy lejos del peso de Catalunya respecto al PIB de toda España: 16,8%. También queda por debajo de su peso en la población total española, que se sitúa en el 19%.
Los datos agregados de la IGAE muestran que la ejecución del Estado fue superior a la de las empresas públicas y los organismos autónomos. Teniendo en cuenta que en Catalunya las empresas públicas ejecutan más inversión que el Estado, se estima que el grado de ejecución será inferior al de la media española, que se situó en el 2019 en el 70,5%.
Sobre lo que sucederá este año con la ejecución presupuestaria del Estado en Catalunya y el resto de las comunidades hay muchas dudas. Salvador Guillermo, de Foment del Treball, sostiene que la actividad en el conjunto de España caerá entre un 20% y un 25%. Joan Ramon Rovira añade que “este año hay una parte de la inversión que no se ha hecho y que ya no se podrá recuperar”. El economista de la Cambra, sin embargo, confía en que la inversión pueda recuperarse el año próximo.
Desplome de la obra pública
La licitación de obra pública acumula un desplome del 39,6% al cierre de los cinco primeros meses del año, a pesar de que el Gobierno la reactivó a comienzos de mayo tras el parón que supuso la declaración del estado de alarma el 14 de marzo.
Las distintas administraciones sacaron a concurso obras por valor de 4.944 millones entre enero y mayo, lo que implica un recorte de 3.242 millones respecto al volumen del mismo periodo del año anterior, según datos de Seopan, la patronal de grandes constructoras y concesionarias. El sector está a la espera de los posibles planes del Gobierno, después de que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, haya señalado a la construcción como una palanca para la recuperación.